Madrid (13 de abril de 2023). Pocos datos se conocen en España sobre la extensión de la violencia en el ámbito laboral, incluido el acoso sexual y por razón de sexo. Las cifras aparecen con cuentagotas y nunca provienen de fuentes oficiales de las administraciones públicas. El dato más fiable cuenta ya con unos cuantos años y es el que ofreció en su día el sindicato Comisiones Obreras, avalado por el Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios.
CCOO vino a denunciar en 2006 que el 15 por
ciento de los españoles fue víctima de acoso en su
puesto de trabajo. “Aunque pueda que parezca una cifra baja, en realidad, la media estimada en la Unión Europea alcanza el 9 por ciento. Por lo tanto, nuestro país supera con creces las expectativas y conviene tomar medidas al respecto”, valoró el Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios años después de conocer el dato aportado por Comisiones
Obreras.
Es cierto que, desde entonces, las administraciones públicas tomaron nota de las recomendaciones sindicales y académicas y establecieron la obligatoriedad de luchar contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, mediante medidas cuyo fin fuese la tolerancia cero hacia esas lacras sociales. Y así, desde hace dos años, las organizaciones empresariales con cincuenta o más personas trabajadoras en sus
plantillas debieron implantar las medidas dentro de sus planes de igualdad. Las empresas con menos de 50 asalariados –sin la obligación de contar planes de igualdad– debieron hacerlo en protocolos independientes. Pero todas –las grandes, medianas y pequeñas, así como los autónomos con empleados–, sin excepción, quedaron obligadas a implantar las medidas
de lucha contra el acoso laboral.
Pese a esas exigencias legales que adoptaron
hace ya tres años los poderes públicos, no existen en la actualidad datos ni estimaciones sobre la incidencia del acoso sexual y por razón de sexo en España.
El diario digital “Público” se hacía eco –en octubre
de 2019, poco antes de que estallase la pandemia– de que tanto el Ministerio de Igualdad como el de Trabajo reconocían no haber realizado nunca encuestas o estimaciones sobre ese tipo de violencia, y tampoco confirmaban tener planes de llevarlas a cabo, como se ha demostrado ahora. En este año 2023, nadie maneja datos sobre el número de empresas que han implementado protocolos de prevención y actuación,

ni cuantas denuncias se interponen por este concepto.

Si se quiere conocer algún tipo de estimaciones oficiales sobre el acoso sexual y por razón de sexo en España, hay que acudir a las estadísticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El último de los informes anuales publicados por este organismo fiscalizador (el correspondiente a 2021) nos da pistas –sin entrar en detalles– sobre el número de las inspecciones realizadas en el ámbito de la violencia laboral.
Así, durante el año 2021, Inspección de Trabajo
llevó a cabo un total de 642 actuaciones relacionadas con el acoso sexual, que motivaron 220 requerimientos, de los cuales 37 terminaron en infracción, con sanciones por valor de algo más de 90.000 € y 1.087 trabajadores afectados. En cuanto al acoso por razón de sexo, se realizaron 74 actuaciones, que provocaron 29 requerimientos, de los cuales 2 derivaron
en infracción, con sanciones por importe de 25.626 €, con 5 trabajadores afectados.
Por otra parte, es imposible encontrar en fuentes
oficiales datos concretos sobre el número de empresas españolas que cumplen con la obligación de contar con protocolos contra el acoso moral, sexual y por razón de sexo. Las únicas estimaciones corresponden a instituciones privadas, que –como “Adecco”– han analizado hasta 300 planes de igualdad actualmente registrados y en vigor en nuestro país.
Pues bien, según la citada empresa de trabajo
temporal, más de la mitad de las compañías obligadas a tener un plan de igualdad –con 50 o más empleados en sus plantillas– carecen de protocolos para combatir el acoso. A esa ausencia se sumarían todas aquellas sociedades (tres de cada cuatro) que tienen la obligación de tener planes de igualdad y no los han registrado. Si se extrapolan los datos, nos encontramos con que sólo el 12 por ciento de las empresas españolas cumplen con la ley, al disponer de protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Si se enfrenta ese número con la cifra del 15 por ciento
de trabajadores que asegura ser víctima de violencia en el entorno laboral, nos encontramos con el hecho de que, pese a la normativa vigente, en España no se combate adecuadamente el acoso psicológico, sexual y por razón de sexo.